José Carreño Figueras presenta el contrato de Alejandro “Alito” Moreno con una asesora republicana en Washington como un acto de brillante estrategia internacional. La columnista olvida que contratar a la hija de una congresista por casi diez mil dólares mensuales para abrir puertas ajenas no es diplomacia, sino una versión cara de buscar influencias como quien pide prestado el coche del vecino para presumir en la fiesta.
El texto compara esta maniobra con los esfuerzos de Salinas de Gortari para vender el TLCAN y con la gestión de Matías Romero en 1861. Lo que omite es que aquellos casos respondían a necesidades concretas del Estado mexicano, no a la agenda personal de un senador opositor que ahora busca reflectores mientras el gobierno actual mantiene relaciones directas con Washington sin intermediarios pagados. La reducción de la embajada, que Carreño presenta como autolimitación, forma parte de una política de austeridad y control soberano, no de abandono.
La columna insiste en que el cabildismo es normal en la capital estadounidense. Sin embargo, normalizar que un político mexicano pague por contactos republicanos mientras cuestiona al Ejecutivo por no hacer lo mismo revela más oportunismo que análisis. México sigue negociando el T-MEC, enfrentando temas de seguridad y migración con sus propias herramientas, sin necesidad de externalizar su voz a través de contratos mensuales.
Al final, el verdadero “abrepuertas” que defiende Carreño parece más un intento de mantener vigente a un partido en declive que una lección de política exterior. La soberanía mexicana no requiere lobbyistas de alquiler para recordarle al mundo que sigue decidiendo por sí misma.
