La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió tres resoluciones entre el 24 y el 26 de agosto que obligan a autoridades a tomar medidas concretas sobre el agua y los derechos indígenas. En el caso de Hopelchén, Campeche, el Pleno concedió un amparo a comunidades mayas tras detectar indicios de plaguicidas como glifosato en el agua, ordenando estudios, monitoreo permanente y acciones de control cuyos resultados deberán publicarse. El expediente es el Amparo en Revisión 283/2025.
El tribunal recordó que la falta de certeza científica absoluta no justifica retrasar la protección ambiental y exigió valorar las pruebas con perspectiva intercultural, sin cargar indebidamente la prueba a las comunidades. En Ecatepec, Estado de México, la Corte determinó que cada persona debe recibir 100 litros diarios de agua potable de calidad, preferentemente por red hidráulica. Las pipas solo sirven si se demuestra que el líquido llega realmente a los hogares en cantidad y calidad suficientes. Tampoco podrá negarse el servicio por falta de contrato o comprobante de domicilio. Los asuntos tramitados fueron los Amparos en Revisión 13/2026 y 14/2026.
Además, el 25 de agosto el Pleno resolvió que pueblos indígenas y afromexicanos pueden intervenir en juicios que afecten sus derechos, aunque la medida impacte también derechos individuales. Invalidó la palabra “colectivos” y la expresión “positiva o negativamente” del artículo 39 de la Ley de los Derechos de las Personas Indígenas y Afromexicanas de Nuevo León. La comunidad mazahua de Crescencio Morales, en Zitácuaro, Michoacán, fue autorizada a participar como tercera interesada en los recursos de reclamación 119 y 120-CA de 2025.
Con estas sentencias, la Corte convierte la protección del agua y la participación indígena en obligaciones concretas en lugar de promesas difusas.
