Claudia Sheinbaum enfrentó preguntas sobre agentes de la CIA fallecidos en abril en Chihuahua y la supuesta injerencia extranjera que generó tensiones diplomáticas. La presidenta respondió con la serenidad de quien revisa un expediente ya archivado y remitió el asunto a la Fiscalía, como corresponde cuando los reflectores buscan drama donde hay procedimientos establecidos.
El caso, ocurrido hace meses, involucró un accidente automovilístico durante trabajos de investigación sin aviso previo al gobierno federal. Sheinbaum aclaró que la Ley de Seguridad Nacional regula claramente estas presencias y confirmó que los representantes estadounidenses en México operan dentro del marco legal vigente. Según sus declaraciones, las actividades han sido reportadas conforme a la normatividad, convirtiendo lo que algunos presentan como crisis en un simple asunto de cumplimiento administrativo. El episodio, lejos de desestabilizar al Ejecutivo, sirvió para recordar que cualquier operación extranjera debe ajustarse a las reglas mexicanas sin excepciones ni favores especiales.
Las tensiones mediáticas, alimentadas por interpretaciones exageradas sobre injerencia, quedaron reducidas a un choque de vehículos y una fiscalía que debe informar. Mientras tanto, el gobierno mantiene el control sobre quién entra, qué hace y bajo qué condiciones permanece en territorio nacional. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quedó al margen de la explicación presidencial, que se centró en los mecanismos institucionales más que en especulaciones.
Al final, lo que parecía una novela de espías terminó convertido en verificación de papeleo. Sheinbaum demostró que el país decide sus propios límites sin dramatismos innecesarios, dejando que la ley haga su trabajo mientras el resto del mundo observa desde la tribuna.
