Resulta que a Donald Trump se le ocurrió ponerle multas, congelarle las cuentas y prohibirle la entrada a Estados Unidos a medio personal de la Corte Penal Internacional, como si fueran vecinos ruidosos que no bajan la música. El martes, cuatro organizaciones de derechos humanos —entre ellas Human Rights Watch— llegaron a un tribunal de Nueva York con una demanda de 101 páginas para decirle, en cristiano: oye, esto es un abuso de poder con traje de corbata.
Estados Unidos nunca firmó el papelito de la CPI, no la reconoce ni aunque le pongan confeti, y mira con cara de “¿y este quién se cree?” cada vez que el tribunal se mete con aliados como Israel o revisa lo de Afganistán. Pero sancionar a jueces, fiscales, un experto de la ONU y hasta a otras ONG porque investigan crímenes de guerra le pareció a estas organizaciones el equivalente jurídico de patear el tablero cuando vas perdiendo al dominó.
La demanda sostiene que las sanciones —firmadas por Trump en febrero de 2025— no solo le tapan la boca a la gente, sino que le cierran la puerta a las víctimas que quieren llevar ante la justicia a genocidas, criminales de guerra y demás personajes de pesadilla. Dicen que es un ataque en toda la regla al estado de derecho, a la independencia de los togas y al principio de que cualquiera pueda pedir cuentas sin que le caiga un rayo desde Washington.
En el paquete de acusados no solo está Trump: también apuntan al secretario de Estado Marco Rubio, al del Tesoro Scott Bessent, al fiscal general Todd Blanche y al jefe de la oficina que congela fortunas extranjeras. Básicamente, la orquesta completa del “te castigo yo y mi primo el del banco”.
La CPI, creada en 2002 para juzgar atrocidades cuando los países se hacen los locos, ya tenía de antes a Putin con orden de arresto y a Netanyahu en la mira por Gaza. Washington responde que el tribunal es una amenaza intolerable a su soberanía y hasta amenaza con convencer a otros países de que se salgan y le corten el grifo del dinero. Uno se pregunta si el próximo paso será sancionar al árbitro del partido porque pitó penalti en contra.
Hace poco tres juezas sancionadas también demandaron por lo mismo, quejándose de presión extrajudicial. Ahora se suman estas cuatro organizaciones gritando que el daño es profundo e irreparable. En resumen: Trump le puso el pie encima a la CPI, la CPI y sus fans le devolvieron una demanda, y el espectáculo jurídico internacional sigue más enredado que cable de auriculares en el bolsillo. Justicia para todos… excepto cuando molesta al que tiene la llave de la nevera.
