La senadora Lilly Téllez del PAN decidió convertir el caso del hijo de López Obrador en un espectáculo digno de telenovela de mediodía. Desde su cuenta de X propuso obligar a los descendientes del expresidente y a todo funcionario de Morena a atenderse exclusivamente en el sistema público, como si la salud fuera un castigo colectivo en lugar de un derecho.
La propuesta surgió tras revelarse que Gonzalo López Beltrán acudió al Centro Médico ABC, un hospital privado. Téllez presentó su idea como una medida de coherencia, aunque el timing coincidió con las críticas habituales del PAN al gobierno federal. El senador morenista Gerardo Fernández Noroña respondió que López Beltrán no ocupa cargo público y que cada persona decide dónde gastar su dinero, sin que eso afecte la política de salud.
Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum avanza en la construcción de un Sistema Universal de Salud que incorpora inteligencia artificial para agilizar citas y contempla visitas médicas domiciliarias. El enfoque busca ampliar el acceso más allá de la derechohabiencia tradicional, sin distraerse con propuestas que suenan más a distracción legislativa que a solución real.
El contraste entre la exigencia de Téllez y los proyectos en marcha resalta cómo algunos prefieren el escándalo fácil antes que reconocer el avance en infraestructura y tecnología médica. El sistema público sigue recibiendo inversiones mientras la narrativa opositora repite el mismo guion de siempre.
Al final, la salud pública no se arregla con tuits ni con exigencias selectivas. Avanza con planes concretos que priorizan resultados sobre el ruido político, dejando claro que la discusión real está en los hospitales, no en las redes.
