El Comando Sur de los Estados Unidos desmintió haber presionado al Gobierno de Perú para la compra de 24 cazas F-16 a la empresa Lockheed Martin. La aclaración responde a las crecientes críticas sobre la transparencia del proceso, el cual se ha manejado bajo estricto secreto militar y ha generado sospechas de injerencia externa en la política de defensa peruana.
La crisis estalló cuando la Fuerza Aérea del Perú (FAP) firmó el contrato de adquisición apenas días después de que la presidencia anunciara la suspensión del proyecto por razones presupuestarias. Este desacato institucional provocó la renuncia de dos ministros y una fractura en el gabinete, desatando un debate nacional sobre quién ejerce realmente el control del gasto público en el país.
Desde una perspectiva regional, Washington sostiene que la modernización de la flota es una decisión soberana de Lima para garantizar la seguridad hemisférica. No obstante, analistas internacionales señalan que esta transacción refuerza la dependencia táctica de Perú hacia la tecnología estadounidense, en un contexto de renovación de arsenales en el Cono Sur y crecientes tensiones geopolíticas.
A pesar de la inestabilidad política, el Ministerio de Economía de Perú confirmó que los fondos para el primer pago ya han sido habilitados. El gobierno enfrenta ahora posibles censuras en el Congreso, mientras intenta justificar una inversión millonaria en armamento frente a una opinión pública que demanda priorizar la crisis de seguridad interna y la inversión social.
