El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, firmó el veto al decreto aprobado por el Congreso local que eliminaba la obligación de presentar la Carta de No Antecedentes Penales como requisito para registrar candidaturas a cargos de elección popular.
La decisión del mandatario impide que el decreto sea publicado en el Periódico Oficial del Estado y, por tanto, que entre en vigor, devolviendo al Congreso michoacano la responsabilidad de revisar nuevamente el asunto.
Ramírez Bedolla justificó su determinación al señalar que, ante los retos actuales en materia de seguridad, resulta indispensable blindar los procesos electorales e impedir la presencia de perfiles indeseables en las candidaturas.
El decreto vetado había sido aprobado el pasado 13 de marzo en sesión extraordinaria, con el respaldo de 25 diputados, y eliminaba el inciso j) de la fracción II del Código Electoral estatal. Sus impulsores argumentaban que la exigencia de dicho documento representaba una restricción injustificada al derecho ciudadano a ser votado, en línea con criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, el gobernador rechazó ese argumento y reiteró su intención de que la carta siga siendo exigida tanto en procesos internos de los partidos como en candidaturas a elección constitucional, confiando en que los legisladores reconsideren su postura y mantengan el requisito como salvaguarda de la integridad electoral en la entidad.
