La decisión del gobierno de Estados Unidos de designar a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras provocó reacciones divididas en el Senado de México.
Desde la oposición, la senadora Lilly Téllez (PAN) propuso nuevamente modificar la Ley de Seguridad Nacional para clasificar a los cárteles como «terroristas y enemigos internos», argumentando que deben ser neutralizados y sometidos en lugar de tratados con políticas de reinserción.
El panista Ricardo Anaya criticó la estrategia de seguridad del gobierno federal, asegurando que la política de «abrazos, no balazos» ha debilitado el combate al crimen organizado.
Por su parte, Alejandro Moreno (PRI) advirtió que Estados Unidos será «implacable en el combate al crimen organizado» y aseguró que la administración mexicana enfrenta una crisis de confianza por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Desde el oficialismo, Gerardo Fernández Noroña (Morena) rechazó la designación, argumentando que permitiría la injerencia del gobierno de EE.UU. en México, una postura que coincide con la del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha calificado la medida como una violación a la soberanía nacional.
