En el más reciente episodio del drama regio, la diputada Lorena de la Garza Venecia llevó su pleito a las grandes ligas. Presentó una denuncia formal contra el gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez por presunta violencia política de género y calumnia. La trama se complica más que un mueble de Ikea.
El meollo del asunto, según de la Garza, es que la pareja gobernante la acusó de ser inhabilitada por un desvío de 20 millones de pesos. “¡Absolutamente falso!”, declaró la legisladora, quien llevó el caso ante la Fiscalía y el Instituto Electoral, esperando un veredicto digno de final de temporada. Este pleito no es nuevo; es una saga que se intensificó en septiembre, cuando el gobernador la calificó de “corrupta”, y tiene raíces en disputas de 2023 sobre licencias y presupuestos. La trama incluso tuvo un momento cumbre durante la campaña de 2024, con supuestas intervenciones celestiales, o más bien gubernamentales, para favorecer a Mariana Rodríguez. La respuesta de Rodríguez a toda esta ópera fue un críptico mensaje en Instagram: “Mentiras nadie dijo”, acompañado de un emoji risueño. Un movimiento tan sutil como un martillazo en el pulgar.
La Fiscalía y las autoridades electorales de Nuevo León ahora tienen la titánica tarea de desenredar esta madeja de acusaciones. Mientras los protagonistas se lanzan indirectas en redes sociales y juzgados, el resto del estado sintoniza el canal, preguntándose si en algún momento volverá la programación habitual llamada “gobernar”.
