El Instituto Nacional Electoral decidió que ya era hora de mandar a la Fiscalía General de la República un paquete de irregularidades para que las investigue como corresponde. Nada de guardar secretos bajo la alfombra ni hacer caritas de “todo está bien”.
Según el organismo, cinco empresas que parecían competir en buena lid en realidad eran parte de una misma familia disfrazada de rivales. Entre 2014 y 2025 lograron quedarse con contratos por dos mil 461 millones de pesos de organismos públicos locales electorales. El INE calcula que esa cifra representa el daño al erario y espera que la FGR determine si hay delitos que perseguir.
La denuncia se presentó sin importar nombres, cargos ni periodos. El mensaje es claro: los recursos públicos no tienen dueño personal y cualquier simulación se atiende con los mismos criterios. El Instituto recordó que su obligación es garantizar que el presupuesto destinado a organizar elecciones se gaste con legalidad y transparencia, sin excepciones por antigüedad ni jerarquía.
El titular del Órgano Interno de Control ya había advertido en la Cámara de Diputados sobre esta red de empresas. Ahora la pelota está en la cancha de la Fiscalía, que deberá revisar los expedientes y decidir si procede actuar conforme a la ley. Mientras tanto, el INE mantiene su política de cero tolerancia y deja constancia de que la vigilancia sobre el manejo del dinero público es una tarea permanente, no un acto de ocasión.
Al final, la denuncia solo confirma que cuando el sistema funciona, hasta las trampas más creativas terminan siendo investigadas.
