La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno le pondrá un alto a las “pensiones doradas”, pues al parecer, algunos exfuncionarios confundieron el servicio público con un boleto ganador de lotería vitalicia. La consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján, ya está afilando el lápiz para corregir este pequeño «error» constitucional.
Sheinbaum explicó, con la paciencia de quien le explica a su tío cómo usar el celular, que la Constitución era un poco bipolar sobre el tema. Un artículo decía “el límite es el sueldo del presidente”, mientras otro susurraba “que sea la mitad, para no abusar”. Ante tal dilema existencial, la Consejería Jurídica aplicó el criterio de “en la duda, usemos el número más grande”, dejando temporalmente el tope en el salario presidencial para dependencias como CFE, Nafinsa y Banobras, mientras desenredan este nudo legal que parecía escrito por un comediante.
Aunque Banxico juega en su propia liga y no entra en esta reforma, la presidenta no pudo evitar señalar lo que calificó de “inmoral”. Mencionó a exfuncionarios como Ernesto Zedillo, Guillermo Ortiz, Francisco Gil Díaz y Agustín Carstens, cuyas pensiones mensuales van desde los 150,000 hasta los 412,000 pesos. Cantidades que para el ciudadano promedio suenan a lo que uno necesitaría para comprar una pequeña isla o financiar la producción de una película de superhéroes de bajo presupuesto.
Así que mientras el gobierno intenta ponerle un bozal a estas pensiones que ladran en fajos de billetes, queda claro que algunos exservidores públicos no se retiraron con un reloj de oro, sino con la mina completa. Un final feliz de cuento de hadas… financiado por todos los demás.
