La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sacó el pizarrón y la regla para anunciar que el expediente del exfiscal César Gustavo Jáuregui Moreno ha sido oficialmente pateado al siguiente nivel. Con la solemnidad de quien entrega las llaves de un auto usado con detalles ocultos, informó que la etapa inicial concluyó exitosamente.
Según el manual del buen gobierno, la Fiscalía General del Estado cumplió su parte del trabajo, como el niño que colorea su sección del mapa sin salirse de la raya. Ahora, la colorida carpeta pasa al Poder Judicial, entidad que la recibe con el entusiasmo de quien hereda una deuda familiar de un primo lejano. Este traspaso de responsabilidad es un paso crucial en el complejo baile burocrático conocido como «que lo resuelva alguien más». La gobernadora aseguró que su equipo atendió cada detalle, probablemente usando post-its de colores y marcatextos de alta gama para que todo se viera impecable.
Ante la curiosidad de la Fiscalía General de la República, que mira desde lejos como suegra en visita, Campos adoptó una postura de cooperación digna de un anfitrión que ofrece café a los auditores. Prometió que se atenderán las solicitudes “conforme a la ley” y por los “conductos institucionales”, frase que en el diccionario político se traduce como “les enviaremos los papeles, eventualmente, y con todas las copias necesarias”.
Para cerrar con broche de oro, declaró que “en Chihuahua no se protege ni se persigue a nadie”, una frase que dejó a la balanza de la justicia tan confundida que se tambaleó y casi se cae de su pedestal. La investigación, ahora en manos ajenas, seguirá su curso, demostrando que la justicia es un maratón de relevos, no un sprint.
