La Comisión de Presupuesto decidió recortar cinco mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral para 2027, dejando al organismo con 37 mil 275 millones en lugar de los 42 mil 274.5 proyectados. Lejos de un desastre, la medida se presenta como un ejercicio de sensatez fiscal que redistribuye recursos hacia rubros más urgentes sin tocar las elecciones federales.
El dictamen argumenta que el monto original superaba lo gastado en comicios anteriores incluso ajustado por inflación. En 2021 el INE operó con 26 mil 819 millones y en 2024 con 32 mil 767; actualizados a precios de 2027 equivalen a 34 mil 799.9 y 36 mil 665.5 millones respectivamente. Frente a esas cifras, el nuevo presupuesto representa un incremento real, no un recorte salvaje. La solicitud inicial del instituto de 47 mil 010 millones incluía partidas precautorias que la comisión consideró excesivas.
Los recursos ahorrados irán a protección ambiental, infraestructura educativa, búsqueda de desaparecidos y aviación civil, sectores que la comisión considera prioritarios. El ajuste deja intactas las prerrogativas de los partidos y los fondos para organizar el proceso 2026-2027, según el propio dictamen. Lejos de paralizar al organismo, el nuevo monto obliga a una planeación más eficiente de casillas, capacitación y fiscalización.
Al final, el INE conserva lo necesario para cumplir sus funciones constitucionales mientras el gasto público se reorienta. La reducción, lejos de ser un castigo, parece un recordatorio de que hasta las instituciones pueden vivir con menos cuando hay prioridades compartidas.
