Un fantasma recorrió la Ciudad de México: el fantasma del catastrazo. Ciudadanos, armados con cintas métricas y pánico digital, empezaron a ver sus hogares como alcancías a punto de ser saqueadas por el gobierno. La histeria colectiva, patrocinada por rumores, se desató por una simple consulta pública.
La culpa fue de un chisme que creció más rápido que una enredadera. La presentación del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) y la aprobación de la Ley Catastral fueron interpretados por profetas del apocalipsis fiscal como una señal del fin. De repente, todos eran expertos en catastro, debatiendo acaloradamente sobre remates de terrenos baldíos y usos de suelo como si descifraran un código secreto. La polémica, alimentada por audios de dudosa procedencia, era un monstruo que amenazaba con devorar la tranquilidad de la ciudad.
En medio de este circo, apareció la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, con la serenidad de quien apaga un incendio con un soplido. Con un mensaje en redes sociales tan breve como contundente, sentenció: “La Ciudad de México no va a aumentar el impuesto predial. Que quede muy claro, no se dejen engañar”. Mientras tanto, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el gobierno capitalino explicaban con paciencia de santo que el programa era sobre aburrida planeación urbana, no un complot para quedarse con tu patio.
Así, con una frase, se desmanteló el drama. Los capitalinos pudieron guardar sus calculadoras y volver a la normalidad, mientras la administración demostraba que a veces la mejor política es simplemente hablar claro para silenciar el ruido. El único impuesto que quizá debería subir es el de la desinformación.
