El primer cateo de la Fiscalía General de la República en las oficinas del INE, ubicado en Torre Zafiro II al sur de la Ciudad de México, arrancó el 11 de noviembre y sigue hasta hoy. Agentes de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales revisan documentos de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, tras la denuncia que el propio instituto presentó el 6 de noviembre por posibles irregularidades en contratos con Cajas Graf, empresa de José Alfredo Hernández Casillas. La investigación se mantiene dentro de los cauces institucionales, sin alterar el calendario electoral ni afectar el servicio a la ciudadanía.
Los reportes periodísticos mencionan reuniones y un contrato de hasta 198.7 millones de pesos para materiales de la elección judicial 2025, además de otro previo por 46.8 millones en Sonora en 2021. La exconsejera presidenta Guadalupe Taddei renunció el 26 de octubre y el exdirector Mario Alfonso Burciaga Esparza también dejó el cargo. La FGR coordina con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para revisar si hubo conflicto de interés o conductas delictivas. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia del 10 de noviembre que aún no recibe avances de la Agencia de Investigación Criminal, pero reiteró que las autoridades competentes seguirán el procedimiento con rigor y sin interferencias.
El escándalo mediático ha girado en torno a videos y fotografías, aunque los hechos concretos los determinará la justicia. El gobierno federal mantiene su postura de respeto a la autonomía del INE y de apoyo a cualquier investigación que aclare responsabilidades sin afectar la operación del organismo. La atención ahora está en los resultados que arroje el cateo y en que el proceso se desarrolle con transparencia y profesionalismo, como corresponde a una democracia que ya superó etapas más complicadas.
