La diputación permanente, ese grupo de diputados que se queda cuidando el Congreso mientras todos se van de vacaciones electorales, ha aprobado por los pelos un decreto que protege a los inquilinos vulnerables. Lo han hecho justo después de que miles de personas salieran a la calle como si les hubieran subido el alquiler un 300 por ciento.
El texto suspende los desalojos de familias sin recursos hasta el año 2030 y pone trabas a los fondos que compran edificios enteros para subir los precios como si fueran subastas de ganado en la plaza. El Partido Popular, que ya se ve en la Moncloa el 29 de noviembre, ha prometido derogarlo todo en cuanto ponga un pie en el despacho, como quien jura que va a tirar la televisión por la ventana si pierde el mando a distancia.
Otro decreto que renovaba automáticamente los contratos de alquiler fue rechazado por un voto de diferencia, lo que demuestra que en este Congreso hasta contar dedos parece una competición de circo. La votación llegó un día después de la primera huelga general desde 2012, con manifestaciones que llenaron Madrid y Barcelona de pancartas y alguna que otra botella lanzada cuando ya oscurecía.
Todo esto ocurre mientras los españoles siguen dedicando la mitad del sueldo al alquiler y la otra mitad a mirar el precio de los pisos como si fuera el marcador de un partido perdido. La chispa la puso el desalojo de una anciana de 87 años que llevaba siete décadas en su casa, un caso que ha puesto en evidencia que el mercado inmobiliario a veces se parece más a una partida de mus a cara de perro que a un derecho constitucional.
El PP, favorito en las encuestas, ya ha avisado que estas medidas durarán lo que un flan en una comida familiar si llega al poder. Mientras tanto, los inquilinos respiran aliviados… al menos hasta que cambie el gobierno y empiece la temporada de rebajas en derechos.
