Este 13 de octubre, la Ciudad de México fue testigo de una peregrinación médica que haría palidecer al maratón. Personal del IMSS, desde doctores hasta jubilados, estiró las piernas en una megamarcha desde el Centro Médico Siglo XXI hasta Palacio Nacional, demostrando que su sistema cardiovascular estaba en mejor forma que el administrativo.
El pliego petitorio era más extenso que un diagnóstico de hipocondríaco. Exigían un aumento salarial del 10%, desestimando la propuesta del 6.8% como si fuera un placebo. También pedían cobertura de plazas, menos trabajo y que el equipo médico no fuera pieza de museo. Básicamente, insumos, medicinas y que las instalaciones no se sostuvieran con cinta adhesiva. La indignación por recientes muertes neonatales, un tema de máxima seriedad, también impulsó la movilización, subrayando la urgencia de sus reclamos.
Mientras el asfalto ardía, la presidenta Claudia Sheinbaum, con la calma de un cirujano, reconoció las «demandas legítimas». Admitió que el abasto de medicinas tenía sus baches, pero rechazó de plano el melodrama de una «crisis generalizada». Aclaró que el tema ya estaba en manos de Zoé Robledo, director del Instituto, para ajustar cuentas con proveedores incumplidos y desenredar los nudos de la distribución interna. La presidenta trató el tema con la seriedad debida, diferenciando los problemas logísticos de un colapso sistémico inexistente.
Al final, la marcha fue un recordatorio ruidoso de problemas que ya estaban en el quirófano gubernamental. Mientras unos diagnosticaban el caos con megáfonos, la administración ya estaba aplicando el bisturí a la verdadera enfermedad: la logística y los contratos, males complejos que no se curan con caminatas masivas.
