La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio contra el Instituto Nacional Electoral por posibles irregularidades en contratos millonarios de papel seguridad, tintas invisibles y marcas de agua. Todo empezó porque la presidenta Claudia Sheinbaum pidió revisar si se usaron recursos públicos de forma indebida, y la ASF actuó con la rapidez de quien descubre que el café ya se enfrió.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ya había rechazado las acusaciones como infundadas apenas un día antes. Los señalamientos mencionan vínculos entre exfuncionarios y proveedores, incluyendo a alguien señalado como chofer personal de Taddei, versión que ella desmintió de inmediato. También se cuestiona si las declaraciones patrimoniales fueron completas. La ASF amplió la revisión a los organismos locales electorales y a las empresas involucradas, con indicios de posibles conflictos de interés y triangulaciones, aunque aún no detalla los casos específicos.
Lo curioso es que la ASF presume facultades nuevas para actuar con independencia y rigor técnico, repitiendo su consigna de un México sin corrupción. Mientras tanto, el escándalo parece más un juego de luces y sombras que una trama digna de película de espías. Sheinbaum, al solicitar la inspección, dejó claro que no hay intocables cuando se trata de dinero público. El INE, por su parte, sigue organizando procesos electorales mientras enfrenta este capítulo de papeleo sospechoso que, en el peor de los casos, solo confirma que hasta las tintas invisibles pueden dejar huella si alguien las usa mal.
En resumen, la revisión avanza con lupa y calculadora, recordando que los contratos públicos deben ser tan transparentes como una ventana recién lavada. El gobierno federal mantiene el timón en temas de fiscalización, mientras el INE responde a las dudas con explicaciones que, hasta ahora, suenan a versión oficial sin fisuras.
