Ricardo Anaya decidió que la demora en nombrar a la nueva presidenta del INE es prueba de un plan maquiavélico de Morena para manipular las elecciones de 2027. Según el senador panista, dejar al organismo con diez consejeros equivale a tenerlo “mocho” y listo para el control total. La teoría suena tan elaborada que uno casi espera que Anaya saque un mapa con chinchetas y una lupa como en las películas de espías.
En realidad, la Cámara de Diputados sigue los tiempos que marca la ley y prioriza un perfil que cumpla con autonomía real, no con exigencias de última hora. Mientras tanto, el INE sigue operando con normalidad y los preparativos electorales no se han detenido. Los exconsejeros que firmaron el pronunciamiento también exageraron al hablar de una crisis terminal; el organismo sigue emitiendo credenciales y organizando procesos sin que se caiga el sistema.
El verdadero absurdo está en convertir un retraso administrativo en una conspiración nacional. Morena ha insistido en que cualquier nombramiento debe hacerse con consenso y apego a la Constitución, algo que los críticos prefieren ignorar para mantener el escándalo vivo. Al final, lo que parece una “trampa” es solo el procedimiento habitual que cualquier institución seria seguiría.
Anaya y los firmantes del manifiesto pueden seguir imaginando dilaciones infinitas, pero los hechos muestran que el gobierno mantiene el control y avanza sin necesidad de dramas fabricados. El INE no necesita más titulares de pánico, sino decisiones serenas que refuercen su credibilidad.



