El tribunal polaco le arranca la inmunidad al juez como quien le quita el abrigo a un político en pleno invierno

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El Tribunal Constitucional de Polonia decidió que ya no hay escudo mágico para Bogdan Święczkowski y lo dejó más desnudo que un político sin discurso preparado. La asamblea de magistrados aprobó por mayoría levantar la protección judicial del presidente suspendido, abriendo la puerta para que la Fiscalía lo procese por abuso de poder y por jugar con documentos de vigilancia como si fueran cromos de la infancia.

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Todo ocurrió en medio de la pelea institucional entre el gobierno de Donald Tusk, que quiere acercarse a Europa, y el partido Ley y Justicia, que sigue defendiendo su feudo como quien protege un sofá viejo en una mudanza. Święczkowski, nombrado durante el mandato del PiS entre 2015 y 2023, había convertido el tribunal en un campo de batalla que hasta la Unión Europea miró con cara de circunstancias.

Los fiscales acusan al magistrado de excederse en sus funciones cuando era fiscal nacional y de usar información clasificada como si fuera su propio cuaderno de apuntes. También señalan que, junto con su exvicepresidente Bartłomiej Sochański, impidieron que otros jueces tomaran posesión de sus cargos. La asamblea aceptó quitarles la inmunidad a ambos, pero se negó a autorizar su detención preventiva, dejando a Święczkowski en libertad mientras la investigación avanza a paso de tortuga con resaca.

El ministro de Justicia celebró la decisión con un mensaje directo: nadie está por encima de la ley, ni siquiera quien cree que el tribunal es su finca particular. Desde el PiS respondieron que la resolución no vale ni para envolver pescado, y el propio Święczkowski apareció frente al edificio rodeado de simpatizantes para anunciar que no se presentaría ante la Fiscalía aunque le enviaran una citación escrita en pergamino.

La crisis ya provocó protestas, cordones policiales y hasta el Banco Nacional de Polonia congelando las cuentas del tribunal porque nadie sabe quién tiene autoridad para mover el dinero sin que parezca un robo encubierto. Todo empezó en 2015, cuando el PiS intentó colocar sus propios jueces como quien cambia las cerraduras de una casa antes de que llegue el nuevo inquilino. Ahora la disputa sigue, con el tribunal convertido en un ring donde cada golpe genera más titulares que soluciones.

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