En Alberta, esa provincia canadiense que antes recibía a brazos abiertos a quien quisiera trabajar, ahora prefieren poner candado a los residentes sin papeles permanentes. La idea es que solo ciudadanos y algunos aprobados accedan a salud y educación, y los mexicanos que sostienen el campo y la construcción quedaron en la mira de un plebiscito con más ruido que efecto real.
El 19 de octubre los albertanos votaron y, según conteos preliminares, 54 por ciento respaldó mayor control provincial sobre inmigración, mientras 56 por ciento quiso limitar servicios. Los resultados oficiales saldrán el 29 de octubre, pero las preguntas no cambian permisos laborales ni de estudio. Aun así, la primera ministra Danielle Smith prometió ajustes antes de la primavera. Vanesa Ortiz, secretaria de la Asociación de Mexicanos en Calgary, resumió el asunto: culpar a los no permanentes no baja el costo de vida. El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, vigente desde 1974, envió más de 25 mil mexicanos a Canadá en 2025, y el Plan de Acción 2025-2028 firmado con México busca modernizarlo y proteger derechos laborales.
La votación, que parece sacada de un guion de comedia política, genera más titulares que cambios inmediatos. Los sectores agrícolas y de hospitalidad siguen dependiendo de esa mano de obra mexicana que llega cada temporada, mientras Alberta intenta ajustar reglas sin tocar lo federal. El resultado es una mezcla de declaraciones firmes y gestos que, por ahora, no alteran contratos ni horarios de trabajo.
Al final, la provincia que antes presumía apertura ahora ensaya restricciones que suenan más a teatro electoral que a solución práctica, dejando a los trabajadores mexicanos en la misma rutina de siempre: producir y esperar que las promesas no se enfríen antes de la próxima siembra.
