El gobierno de Donald Tusk decidió suspender al presidente del Tribunal Constitucional de Polonia como quien despide a un portero de discoteca a las cuatro de la mañana. La policía antidisturbios rodeó el edificio para que nadie entrara, menos el juez Bogdan Swieczkowski, que se quedó dando vueltas por los jardines como un invitado al que no le abren la puerta.
La escena parecía sacada de una telenovela de sobremesa: el presidente Karol Nawrocki iba camino a Senegal cuando le avisaron, dio la vuelta al avión en pleno aire y regresó a Varsovia como quien olvida el cargador del móvil en casa. Mientras tanto, simpatizantes del PiS se plantaron frente al tribunal con rosarios y pancartas, rezando como si esperaran que la Virgen les resolviera el problema de la separación de poderes.
La jueza que anunció la suspensión aseguró que todo era para “restaurar el estado de derecho”, aunque admitió que ni siquiera ella puede sentarse en la silla presidencial porque no la han investido. El ministro de Justicia, por su parte, soltó que el tribunal se había convertido en “propiedad privada”, como si fuera un piso turístico sin licencia.
Del otro lado, Jaroslaw Kaczynski gritó que Polonia ya es un Estado policial y que esto es el principio del fin, mientras el exministro Ziobro, desde Estados Unidos, llamaba a la resistencia “ruidosa y firme” como si estuviera organizando una manifestación de vecinos contra el ayuntamiento. El embajador en China dimitió por solidaridad y la cuenta oficial del tribunal en X siguió publicando mensajes como si nada hubiera pasado.
Al final, todo sigue igual que antes: el tribunal paralizado, los jueces sin poder entrar y los polacos preguntándose si algún día alguien volverá a tomar decisiones sin que parezca una pelea de borrachos en una boda.
