El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos autorización para reanudar el traslado de inmigrantes a países distintos de sus naciones de origen, después de que una decisión judicial bloqueara temporalmente esta política. La administración busca que los vuelos puedan continuar mientras se resuelve la disputa sobre las garantías que deben recibir los migrantes antes de ser enviados a terceros países.
El Departamento de Justicia presentó una apelación de emergencia tras una resolución del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito. El Gobierno argumentó que la suspensión provocó cancelaciones de vuelos, mayores gastos y posibles dificultades diplomáticas. Según informó ante la Corte, cerca de 150 personas tuvieron que ser retiradas de vuelos de deportación que tenían como destino al menos cuatro países.
La política permite trasladar a migrantes a naciones con las que no necesariamente tienen vínculos cuando sus países de origen se niegan a recibirlos. La estrategia ha generado cuestionamientos de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, particularmente por los riesgos que podrían enfrentar las personas enviadas a países señalados por problemas en materia de derechos humanos. Se estima que alrededor de 25,000 migrantes han sido trasladados mediante este mecanismo.
Uno de los principales puntos de la controversia es la Convención contra la Tortura, ratificada por Estados Unidos, que establece restricciones para enviar a una persona a un territorio donde pueda enfrentar riesgo de tortura. La disputa judicial se concentra también en qué procedimiento debe seguir el Gobierno para determinar ese peligro y qué oportunidades deben tener los migrantes para presentar sus objeciones.
La Corte Suprema ya había permitido anteriormente que la política continuara, aunque con la oposición de las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. Ahora, el Gobierno solicita una suspensión administrativa inmediata de la resolución que frenó los vuelos, mientras que las organizaciones que cuestionan la medida deberán presentar sus argumentos ante el máximo tribunal.
