Connecticut puso en marcha nuevas disposiciones destinadas a proteger a inmigrantes frente a determinadas detenciones realizadas por agentes federales o estatales. La Ley Pública 26-14 establece una serie de áreas protegidas en las que las autoridades no podrán detener, arrestar o poner bajo custodia a una persona por una infracción de carácter civil, salvo que cuenten con una orden judicial.
Entre los espacios contemplados se encuentran centros educativos desde preescolar hasta universidades, hospitales y servicios médicos de urgencia, paradas de autobuses escolares, parques, centros recreativos y lugares donde se desarrollan actividades extracurriculares. También están incluidos refugios, bancos de alimentos, centros para víctimas, instalaciones de atención a personas con adicciones o discapacidades, lugares destinados a atender desastres, cementerios y dependencias estatales o municipales. La protección abarca además terrenos, estacionamientos y garajes vinculados con estos sitios.
La legislación establece que estas restricciones se aplican específicamente cuando la actuación de las autoridades está relacionada con infracciones civiles. No impide intervenciones vinculadas con delitos estatales o federales, infracciones de tránsito o violaciones de libertad condicional cuando se cumplan los requisitos legales correspondientes. Las personas que consideren haber sido detenidas en violación de estas disposiciones podrán presentar una demanda civil ante el Tribunal Superior de Connecticut y solicitar indemnizaciones u otras medidas judiciales.
Las nuevas protecciones entraron en vigor en medio de reportes sobre operaciones de agentes federales de inmigración en lugares sensibles, incluidas paradas de autobuses escolares. El gobernador Ned Lamont ha cuestionado el incremento de las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el estado y ha expresado su respaldo a las comunidades inmigrantes.
La política migratoria de Connecticut también ha generado una disputa con el Gobierno federal. El Departamento de Justicia presentó una demanda contra Lamont, el fiscal general estatal William Tong y otras autoridades después de la aprobación de la legislación, en medio de diferencias entre el estado y la administración de Donald Trump sobre el alcance de las medidas locales relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias.
