Un comité del Parlamento británico ha propuesto prohibir los aparatos chinos en toda la infraestructura crítica porque, según ellos, Pekín podría apagar los vehículos oficiales como si fueran mandos a distancia baratos de feria. La idea es sustituir poco a poco todo lo que venga de países sospechosos, sobre todo los módulos que controlan el internet de las cosas en coches, autobuses y terminales de pago.
Los parlamentarios aseguran que los fabricantes chinos dominan casi el ochenta por ciento del mercado mundial de estos cacharros y que eso deja a Reino Unido más expuesto que un turista en bañador en pleno enero. El objetivo principal son los vehículos del Gobierno, el ejército y los servicios de emergencia, porque nadie quiere que un autobús ministerial se pare solo en medio de una crisis como si hubiera olvidado pagar la factura de la luz.
El comité sacó a relucir un estudio noruego sobre un autobús chino al que se podía acceder remotamente para tocarle la batería y el motor. Aunque aclararon que los modelos vendidos en Reino Unido no reciben actualizaciones inalámbricas, igual prefieren no arriesgarse a que alguien pulse un botón desde el otro lado del mundo y los deje tirados como si fueran móviles sin batería.
El presidente del comité, Liam Byrne, acusó al Gobierno de improvisar su política hacia China como quien decide qué cenar a las nueve de la noche sin mirar la nevera. Dijo que las empresas británicas no pueden planificar nada si los ministros cambian de idea cada dos por tres y que Reino Unido debería marcar sus propias reglas en vez de esperar a que Washington o Pekín le dicten el guion.
El informe propone crear una “zona roja” donde nada estratégico pueda caer en manos chinas y una “zona verde” para comerciar con más tranquilidad. El Gobierno respondió que su postura es coherente: cooperan cuando les conviene y protestan cuando les da la gana, aunque los diputados insisten en que esa táctica parece más un baile de salón que una estrategia de Estado.
