Bruselas ha decidido que fabricar porquerías ilegales ya no será tan fácil como pedir un café con churros. Los gobiernos y el Parlamento se han puesto de acuerdo para controlar hasta el último precursor de diseño, esas sustancias que sirven para crear drogas pero que apenas valen para otra cosa que no sea investigar cómo meter la pata más hondo.
Las empresas de fuera de la UE que quieran vender estos productos dentro del mercado comunitario tendrán que nombrar a un único representante que responda de todo, como si fuera el cuñado que siempre acaba pagando las multas del coche. Además, exigen un sistema informático único conectado con las aduanas para que nadie pueda colar un precursor ni aunque se disfraze de ambientador de coche.
Los eurodiputados van más lejos y proponen prohibir directamente cualquier sustancia pensada para esquivar los controles, salvo que sea para investigar en un laboratorio serio. También quieren que las plataformas online revisen a los vendedores como si fueran porteros de discoteca y borren los anuncios que huelan a chamusquina. Si hay un robo o una transacción sospechosa, habrá que notificarlo, aunque el precursor no esté en la lista oficial.
La investigación y la innovación tendrán exenciones y tarifas reducidas, porque hasta Bruselas sabe que sin científicos no hay forma de inventar ni un chicle nuevo, y mucho menos de seguir la pista a los que convierten productos químicos en problemas mayores.
