Abelardo De la Espriella anunció que ya no aguantaba más el desmadre de sueldos en el Fondo Milagro, ese que debía reconstruir lo que dejó el terremoto de agosto. El director Jaime Uribe se fue por la puerta de atrás después de que saliera a la luz que los 26 funcionarios se llevaban unos 210.000 euros al mes, cantidad que haría sonrojar hasta al más corrupto de los alcaldes de pueblo.
El mandatario lo soltó en redes como quien confiesa que le ganó la lotería pero le toca pagar la pensión alimenticia: aceptó la renuncia porque era lo correcto y en su gobierno se hacen las cosas bien aunque duelan. Uribe, por cierto, cobraba más que un ministro, lo cual en tiempos de austeridad suena como invitar a caviar a la suegra mientras los damnificados duermen en carpas.
De la Espriella ya había advertido que esos salarios no cuadraban con su orden de apretarse el cinturón, y ahora promete que nadie tiene el puesto blindado. El nuevo director aparecerá en las próximas horas, probablemente alguien que cobre como un profesor de colegio público y no como un narco retirado en Miami. Porque en este gobierno, cuando se comete el error de pagar fortunas para mover papeles, se corrige rápido o se arma el escándalo más grande que el propio sismo.
