La fiscalía paraguaya decidió que al expresidente Santiago Peña ya no le bastaba con los cargos de siempre y le agregó asociación criminal, como quien suma un postre extra en una parrillada que ya venía indigestando a medio país. Todo por el derrumbe del banco digital ueno, esa entidad que prometía futuro pero terminó pareciendo una rifa de barrio donde solo ganan los organizadores.
Peña, el economista de 47 años que entró en 2023 y salió por juicio político la semana pasada, ahora enfrenta prisión preventiva en una unidad militar de Asunción. Lo acusan de haber montado una estructura con funcionarios del Ejecutivo y del Banco Central para proteger al Grupo Vázquez, dueño de ueno, mientras los préstamos a empresas amigas dejaban la caja vacía. Millones de personas se quedaron sin poder sacar un peso, como si hubieran apostado en un casino que cierra justo cuando toca cobrar.
El escrito fiscal lo señala como jefe de la operación: habría ordenado no intervenir, habría apagado las alertas en los medios y habría recibido contraprestaciones que, en lenguaje de adultos, suenan a sobres que no venían con facturas. También cayeron el expresidente del Banco Central Carlos Carvallo, tres exdirectores y el exjefe del regulador bancario. Todos detenidos, todos acusados de haber convertido la supervisión en un club de amigos con llave de acceso exclusivo.
El abogado de Peña, Ricardo Preda, todavía no dijo nada. Mientras tanto, el país sigue preguntándose cómo un banco digital se convierte en agujero negro y un expresidente termina imputado por asociación criminal en vez de por simple mala suerte.
