El gobierno de Estados Unidos expulsó a 483.000 personas en el último año fiscal, una cifra que supera en un 51 por ciento la del periodo anterior. Esta operación masiva incluyó más de 491.000 detenciones, de las cuales casi 475.000 fueron administrativas y afectaron a muchos sin antecedentes penales. El propio Donald Trump reconoció que la dureza de estas medidas le costó apoyos entre votantes que valoraban a inmigrantes con empleos estables.
La admisión llegó en una entrevista donde Trump señaló que su administración había sido demasiado estricta al expulsar a personas que solo cometieron la falta de entrar sin papeles. Horas después, sin embargo, nombró a Stephen Miller como jefe de gabinete, un gesto que dejó claro que la política de mano dura seguiría intacta. El secretario de Seguridad Nacional confirmó que las expulsiones no se detendrían pese al revés electoral.
Los demócratas, ahora con control de ambas cámaras, ven una ventana para negociar cambios migratorios. Algunos senadores proponen un acuerdo bipartidista que incluya concesiones mutuas con el presidente. Mientras tanto, las protestas contra las redadas han crecido, incluida una en Minneapolis donde agentes federales mataron a dos ciudadanos estadounidenses.
Trump había prometido deportar a un millón de personas al año, pero desde enero de 2025 el total acumulado llega a 726.000 expulsiones. Las cifras de detenciones también quedaron por debajo de la meta con 687.000 registros. El contraste entre la ambición inicial y los resultados reales genera ironías que el propio Trump ha tenido que digerir.
El enfoque de priorizar volumen sobre selectividad terminó por afectar a trabajadores sin delitos graves, algo que el presidente admitió en público. La estrategia de mantener la presión a pesar de las pérdidas políticas refleja una apuesta que sigue generando rechazo en las calles y en las urnas.
