El consejo de administración de Petroperú anunció que venderá una participación minoritaria de la empresa estatal a inicios del próximo año, mientras la compañía arrastra una deuda de unos 7500 millones de dólares y ha recibido rescates gubernamentales por 5000 millones de dólares en los últimos años. El presidente Oliver Stark admitió que no hay muchos interesados en una firma como esta, pero igual abrió la puerta a quien quiera entrar. La refinería de Talara sigue operando muy por debajo de su capacidad, lo que añade más leña al fuego de las finanzas públicas.
A pesar del panorama, Stark espera cerrar el año con un beneficio de unos 350 millones de dólares, el primero desde 2021, gracias a los altos márgenes de refinación provocados por problemas geopolíticos. Sin embargo, la empresa ha pasado años luchando contra sobrecostos y retrasos en Talara, inaugurada recién en 2023. El contraste entre las ganancias proyectadas y el historial de rescates genera más escepticismo que euforia entre los observadores.
La rotación de presidentes parece sacada de una comedia de equivocaciones: Stark es el quinto desde principios de 2026 y fue nombrado por Keiko Fujimori, la novena presidenta peruana en una década. Él mismo renunció dos años atrás y ahora volvió por la puerta giratoria, describiendo la situación como una locura que impide cualquier planificación seria. La empresa, según él, necesita la estabilidad del banco central, pero sin contar con un mandato tan largo como el de su gobernador.
Stark planea recortes de personal antes de fin de año y conversaciones con bancos para ajustar el perfil de la deuda, mientras un préstamo puente de 475 millones de dólares de JPMorgan y Citigroup da algo de oxígeno temporal. La deuda de la empresa cotiza a 71 centavos por dólar, un detalle que refleja la desconfianza del mercado. Todo esto ocurre mientras Petroperú busca emular la independencia de las instituciones que realmente funcionan en el país.
Un acuerdo reciente con EP Petroecuador para suministrar más de la mitad del crudo de Talara podría ahorrar 200 millones de dólares en once meses, una cifra que Stark presenta como alivio concreto. La ley permite que inversores privados lleguen hasta el 49 por ciento, aunque los activos seguirán siendo estatales. Stark insiste en que la empresa debe valerse por sí misma, pagar impuestos y dejar de ser una carga constante para el erario.
El economista de 69 años asegura que regresó porque tenía asuntos pendientes y quiere cumplir las metas trazadas para 2024 antes de irse. Entre la venta minoritaria, los recortes y la reestructuración, el plan parece un intento desesperado por convertir una empresa en modo supervivencia en algo que al menos no requiera rescates cada dos años. El resultado, como siempre, dependerá de si alguien realmente quiere comprar una tajada de este desastre controlado.
