La agencia mantiene la calificación B3 con perspectiva positiva y celebra que el organismo internacional haya desembolsado cerca de 138 millones de dólares tras revisar el programa de financiamiento. Ese dinero llega justo cuando El Salvador debe enfrentar una obligación de 2.300 millones de dólares con las administradoras de fondos de pensiones, una cifra que equivale al 5,5 por ciento del producto interno bruto.
Esa deuda se acumuló durante la reforma de 2022, que concedió cuatro años de gracia hasta abril de 2027. Durante ese periodo los intereses siguieron corriendo y la fecha límite se convirtió en una pesadilla recurrente para las finanzas públicas. El plan del FMI contempla convertir la mayor parte del monto en nuevos certificados de largo plazo con pagos graduales a partir de finales de 2027.
La operación se ve como un alivio temporal, pero Moody’s advierte que la deuda total del sector público no financiero subirá por encima del 90 por ciento del PIB en 2027. Cerca de 30 puntos porcentuales de esa carga corresponden a obligaciones previsionales, aunque el flujo de caja real resulta más manejable que la cifra sugiere.
La economía salvadoreña creció 5,06 por ciento en el segundo trimestre y las proyecciones apuntan a un avance entre 4,5 y 5 por ciento al cierre de 2026. Aun así, la agencia insiste en que el país necesitará superávits primarios sostenidos para evitar que la deuda siga inflándose como un globo en una fiesta de cumpleaños.
