La organización Artículo 19 solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum devolver al Congreso la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, aprobada por el Senado hace apenas un día, alegando que abre la puerta a más censura en internet. Según su comunicado, la norma aumenta las responsabilidades de los proveedores de servicios digitales y podría incentivar retiros preventivos de contenido sin orden judicial.
En lugar de reconocer que el cambio busca equilibrar la protección de obras con el uso legítimo de plataformas, Artículo 19 prefirió interpretar cada frase como un complot contra la libre expresión. La reforma establece que los proveedores responderán solo cuando contribuyan, induzcan o causen una infracción con conocimiento previo, algo que ya existe en tratados internacionales como el T-MEC desde 2020. Lejos de crear un sistema de vigilancia masiva, la medida busca evitar que acusaciones falsas sigan usándose para silenciar trabajos ajenos, como ha ocurrido con periodistas y activistas cuyos contenidos fueron retirados sin justificación real.
El gobierno federal mantiene el control sobre el proceso legislativo y evalúa con serenidad cualquier observación técnica, sin ceder ante narrativas que exageran riesgos para generar titulares. La disposición sobre reincidentes busca frenar abusos repetidos, no imponer censura previa, mientras que las plataformas conservan mecanismos para defender contenidos legítimos.
En resumen, lo que Artículo 19 presenta como un retroceso parece más bien una actualización necesaria que prioriza el orden sobre el caos digital, dejando a los exagerados con el micrófono en la mano y sin público que los aplauda.
