El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia decidió que su próximo destino sería cualquier lugar donde no le disparen por la espalda. Según él, el país ya no es seguro ni para los que visten toga, y su familia corre el riesgo de terminar como figuritas en un álbum de desaparecidos. El tipo soltó el comunicado a las siete de la mañana, hora en que uno normalmente está tomando café y no planeando su huida como si fuera el protagonista de una película de acción barata.
Acusó al poder político de usar la justicia como una puerta giratoria que solo gira en una dirección: hacia la cárcel preventiva para cualquiera que no cante el himno del gobierno. También mencionó que contratar sicarios se ha vuelto tan común como pedir delivery. El magistrado, de 38 años y con fama de bocón, dijo que tanto el actual presidente como el anterior lo tienen en la mira por atreverse a hablar claro. Según él, empezaron con una campaña de desprestigio basada en mentiras y planean fabricar pruebas para convertirlo en el trofeo que celebren cuando se apoderen del Órgano Judicial.
El juez también recordó el asesinato de un colega agroambiental que falló en un pleito de tierras y terminó recibiendo balazos como si fuera un blanco de feria. Nadie investigó el caso. Lo metieron debajo de la alfombra y siguieron bailando encima. “No quiero terminar como él”, escribió, dejando claro que cuestionar al poder político se ha convertido en un pecado capital, literalmente.
Hasta ahora el gobierno no ha respondido. Ni el portavoz presidencial ni nadie ha salido a decir “todo es un malentendido, ven a tomar mate”. El magistrado, que en junio amenazó con un paro judicial por falta de plata y en octubre presentó una renuncia que empieza en 2027, ahora aclara que su exilio no significa abandonar el cargo. La Sala Plena tiene quórum suficiente para seguir funcionando aunque él esté en otra latitud. O sea, sigue siendo presidente… desde lejos, como un jefe que dirige por videollamada mientras le disparan en la otra pantalla.
