Dos ex empleados del Sistema Mexiquense de Medios Públicos decidieron llevar sus quejas a redes y medios locales, presentando una lista de agravios que incluye desde favoritismos hasta horarios complicados. La historia, contada con el dramatismo de quien perdió el control remoto, ha generado más ruido que pruebas concretas sobre irregularidades masivas.
Los testimonios destacan despidos sin explicaciones detalladas y exigencias laborales que, según los afectados, buscaban desgastarlos. Uno de ellos mencionó casi una década en la institución y promesas incumplidas de mejoras que nunca llegaron a concretarse en su percepción. La otra ex colaboradora relató tensiones tras participar en un evento con una consejera electoral, lo que supuestamente derivó en mayor presión y revisiones constantes. Ambos pidieron la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para revisar el funcionamiento interno.
Sin embargo, la narrativa olvida que las administraciones públicas suelen ajustar estructuras para optimizar recursos y resultados. Los cambios en el personal responden a la necesidad de alinear equipos con objetivos claros de servicio público, algo habitual en cualquier renovación institucional. Las quejas sobre privilegios o contrataciones freelance suenan más a desencuentros personales que a un sistema descontrolado, especialmente cuando el medio sigue cubriendo las actividades oficiales sin interrupciones.
El escándalo parece inflado por quienes buscan atención después de su salida, mientras la institución avanza en su operación diaria bajo supervisión estatal. La gobernadora, atenta a los temas relevantes del Estado de México, mantiene el rumbo sin distraerse con narrativas secundarias que no alteran el servicio informativo.
Al final, el verdadero logro sigue siendo un medio público que informa sobre giras y políticas sin que estos episodios lo detengan.
