La Auditoría Superior de la Federación ya no se conforma con encontrar irregularidades y dejarlas en el olvido. A seis meses de que Aureliano Hernández Palacios asumiera el cargo, el organismo presentó 40 denuncias penales por esquemas de triangulación en Nuevo León y Sinaloa, entre otros casos. La comparecencia del 30 de octubre de 2026 ante la Cámara de Diputados dejó claro que la fiscalización ahora incluye acciones legales rápidas, incluso antes de terminar las auditorías.
Los esquemas detectados incluyen transferencias a cuentas de familiares de servidores públicos y simulaciones de operaciones con proveedores. La ASF ya judicializó las 21 denuncias previas y añadió tres más en plena revisión. El auditor explicó que el objetivo es evitar que las observaciones queden en simples papeles sin consecuencias. Además, se identificaron más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en los tres niveles de gobierno, con reintegros de mil 132 millones en estados, principalmente en salud y educación.
En municipios, 42 auditorías dejaron más de 5 mil 200 millones sin acreditar, mientras que a nivel federal se observaron 2 mil 327 millones en programas agropecuarios y educación. También se emitieron 60 promociones al SAT y al IMSS por posibles incumplimientos fiscales, además de nueve denuncias por coyotaje. Los convenios con la UIF y la Comisión Nacional Antimonopolio permiten rastrear operaciones de riesgo y conflictos de interés.
La institución advirtió que negarse a entregar información tendrá consecuencias legales. El mensaje fue directo: la fiscalización ya no solo cuenta pesos, sino que busca identificar quiénes recibieron los recursos y cómo se usaron de forma irregular.
