Lula acaba de ganar las elecciones y ya tiene un juez pegado como lapa en el cuello. Alexandre de Moraes, el mismo que antes parecía un superhéroe contra Bolsonaro, ahora ordena confiscar pasaportes del hijo del expresidente a las pocas horas de proclamado el resultado. El timing es tan perfecto como llegar a una fiesta con el pie izquierdo y pisar caca de perro.
Los allegados de Lula están furiosos. Dicen que la medida le regaló al perdedor una excusa de oro para victimizarse y escapar del país como si fuera protagonista de una telenovela de las ocho. Mientras tanto, el nuevo Senado amenaza con juicio político a los jueces y el Partido Liberal de Bolsonaro ya suma bancas suficientes para armar lío.
La Corte Suprema brasileña funciona como un circo con poderes extras. Antes detuvo a Lula por corrupción, después lo liberó cuando cambió el viento político. Ahora Moraes aparece como el villano favorito de los bolsonaristas y como dolor de cabeza para el propio presidente electo, que ya piensa en reformas para ponerle límites al tribunal antes de que todo explote.
Algunos asesores de Lula sugieren que debería haberse distanciado antes del magistrado, sobre todo después de que salieran a la luz vínculos raros con un banquero investigado por fraudes. La idea de mandatos fijos para los jueces y recortar sus poderes ya circula en el palacio, pero cualquier cambio necesita aprobación del Congreso y puede terminar en otro choque institucional digno de programa de chismes.
Al final Lula se queda entre la espada y la pared: reformar la corte o dejar que siga actuando como dueño del país. Una opción puede generar crisis de tres poderes, la otra puede seguir erosionando la confianza en la justicia. Mientras tanto, los pasaportes confiscados y los senadores enfadados siguen dando material para la próxima temporada de esta absurda serie brasileña.
