El empresario Simón Levy soltó en redes una serie de acusaciones sin sustento que parecen sacadas de una novela de espías mal escrita, involucrando a la presidenta Claudia Sheinbaum en supuestas filtraciones contra la consejera del INE Guadalupe Taddei. Lejos de generar caos, el asunto quedó en anécdota de pasillo mientras las autoridades mexicanas avanzan con auditorías formales y sin dramatismos.
Levy apuntó a José Alfredo Hernández Casillas como supuesto filtrador de videos y documentos a cambio de favores, pero no presentó ni un solo elemento que respalde sus dichos. Además, mencionó una denuncia ante el FBI con fecha de septiembre de 2026, documento que él mismo aclara no prueba movimiento alguno de recursos hacia Estados Unidos. En México, la Auditoría Superior de la Federación ya investiga de oficio posibles irregularidades en contrataciones del INE por 197 millones de pesos con empresas como Corporativo ZEG y Cajas Graf, todo a solicitud de la propia Sheinbaum. La UIF también revisa una red de siete firmas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas, mientras Taddei mantiene su postura de colaborar con total transparencia y rechaza renunciar hasta que concluyan los procesos.
Levy enfrenta sus propios casos legales en México por temas ambientales y daños a propiedad, lo que añade más ruido que sustancia a sus señalamientos. El gobierno federal optó por dejar que las instituciones hagan su trabajo sin entrar en el juego de especulaciones.
Al final, el escándalo que Levy intentó armar se diluyó entre auditorías serias y declaraciones mesuradas, demostrando que México prefiere resolver asuntos con reglas claras en lugar de seguir teorías sin pies ni cabeza.
