La Unión Europea sigue aprovechando la cumbre en Bruselas con los países latinoamericanos y caribeños para avanzar en sus planes de economía verde.
Este martes, las autoridades comunitarias firmaron con Chile un acuerdo para obtener materias primas como el litio y el cobre, cruciales para la producción de vehículos y baterías, y promover a cambio proyectos de transición energética en el país sudamericano.
También rubricaron con Uruguay un acuerdo de cooperación energética para impulsar la producción de hidrógeno verde y fomentar las energías renovables en ese país.
«Tenemos ideas afines, compartimos los mismos valores y somos socios elegidos para convertirnos en actores globales clave en la energía limpia y la transición digital», declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presente en la firma de un memorando de entendimiento junto al presidente chileno, Gabriel Boric.
Un acuerdo similar se firmó el lunes con Argentina, otro de los países que alberga cuantiosas reservas de litio. Desde que estalló el conflicto en Ucrania y en medio de tensiones con China, Bruselas ha tratado de trabar alianzas con países ricos en recursos de los que el continente europeo carece y que son esenciales para sus planes de convertirse en una economía neutra en emisiones.
«Minimizar la huella ambiental y climática»
El acuerdo firmado con Chile contempla integrar las cadenas de valor sostenibles de materias primas «mediante el desarrollo conjunto de proyectos» y cooperar en materia de investigación e innovación para «minimizar la huella ambiental y climática».
Con Uruguay, el pacto busca profundizar acciones para la promoción de la eficiencia energética y de los intercambios sobre políticas de energía renovable e hidrógeno.
Los acuerdos se enmarcan en la estrategia de inversiones Global Gateway de la UE y la Ley de Materias Primas Críticas, dos instrumentos con los que el bloque comunitario busca asegurarse los recursos para poder desarrollar sus planes de economía verde.
A través de Global Gateway, Bruselas prevé invertir 45.000 millones de euros en Latinoamérica y el Caribe en los próximos años para proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible.
