Una nueva disputa judicial se abre en Estados Unidos por la política energética del presidente Donald Trump. Una coalición encabezada por California presentó una demanda contra su gobierno para intentar frenar la modificación de las normas federales que determinan la eficiencia de combustible de automóviles y camionetas ligeras.
La acción fue promovida por el fiscal general de California, Rob Bonta, junto con un grupo de 26 estados, condados y ciudades. El principal cuestionamiento se dirige a la reducción de los estándares previstos para 2031. La nueva regulación establece un rendimiento de 34.9 millas por galón, equivalente a unos 6.7 litros por cada 100 kilómetros, frente a las 50.4 millas por galón contempladas durante la administración de Joe Biden.
El gobierno estadounidense sostiene que flexibilizar las exigencias permitirá disminuir los costos iniciales de los vehículos y favorecer a la industria automotriz. Los demandantes, en cambio, argumentan que la modificación debilita las políticas ambientales y podría eliminar parte de los ahorros que los conductores obtendrían a largo plazo mediante un menor consumo de combustible.
La controversia ocurre además en momentos de presión sobre los precios energéticos en Estados Unidos. El conflicto con Irán ha provocado interrupciones en el suministro mundial de petróleo y un encarecimiento de los combustibles, aumentando la relevancia económica de las nuevas disposiciones.
El caso forma parte de una ofensiva judicial más amplia. Durante la misma semana se presentaron al menos otras dos impugnaciones promovidas por organizaciones ambientalistas contra las nuevas reglas del Departamento de Transporte y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras.
