En las zonas montañosas de Yoro, donde el cartel del Diablo opera como si fuera el dueño del terreno y del miedo ajeno, al menos doce personas aparecieron sin vida en cuatro escenarios distintos. Las autoridades locales aseguran que todo fue una venganza rápida y sangrienta por la captura de la madre y la hermana del jefe de la banda, Esteban Rodas, como si la familia fuera la ficha más valiosa en un juego de mesa sin reglas.
Las imágenes que circularon muestran casas con cuerpos tendidos y una manta que dice “de parte del Diablo”, el equivalente local a dejar una tarjeta de presentación pero con más drama que una telenovela de las de antes. Entre las víctimas hay una funcionaria municipal, lo que demuestra que en estos pagos hasta quien cobra el predial puede terminar en el recuento final.
El presidente Nasry Asfura, que anda copiando el manual salvadoreño de Nayib Bukele con allanamientos sin orden y tatuajes como prueba de cargo, lleva meses prometiendo que la violencia bajaría como temperatura en diciembre. Hasta ahora solo ha logrado que los homicidios sigan tan altos como la cuenta de un mes de luz en verano. La ONU ya advirtió que estas medidas ponen en riesgo derechos básicos, pero en Honduras eso suena a consejo de suegra que nadie escucha.
Mientras tanto la aprobación de Asfura anda por el cuarenta y tres por ciento, lo justo para que los ciudadanos sigan mirando la televisión con una mano en el control remoto y la otra cerca de la puerta. El cartel del Diablo, por su parte, sigue enviando mensajes con la misma elegancia que un vecino que deja la basura en la acera del otro.



