La fiscalía paraguaya decidió ampliar la imputación contra Santiago Peña y lo señaló como el supuesto capo de una estructura que operaba desde el Estado para beneficiar al Grupo Vázquez y su banco Ueno. Según los investigadores, el ex mandatario no solo movía fichas en el Banco Central como si fuera el dueño de un club de barrio, sino que además coordinaba todo desde la residencia presidencial Mburuvicha Róga, donde recibía visitas periódicas del dueño del banco para afinar detalles.
Peña ya cargaba con cargos por lesión de confianza y administración en provecho propio, pero ahora le sumaron asociación criminal. Lo más pintoresco es que lo mantienen preso en el Regimiento Escolta Presidencial, como si el Estado le hubiera regalado una suite con vigilancia incluida. Los fiscales describen una organización con roles bien repartidos: unos nombraban gente de confianza en puestos clave, otros firmaban documentos dudosos y todos evitaban que los supervisores tocaran al banco como si fuera intocable.
Entre los nombramientos cuestionados aparece Carlos Carvallo, ex presidente del BCP que venía de Financiera Ueno, y Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos. También imputaron a tres ex directores del Banco Central: Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González Maldonado, a quienes acusan de lesion de confianza grave, documentos falsos y asociación criminal. Los allanamientos les incautaron celulares y certificados de depósito de Ueno Bank, como si los investigadores se hubieran topado con el botín de una telenovela de corrupción.
El Ministerio Público sostiene que Peña intervenía con declaraciones públicas para frenar cualquier control sobre el banco y restaba importancia a las advertencias sobre su situación patrimonial. Todo apunta a un “blindaje legal” para que el conglomerado siguiera operando sin molestias, mientras los funcionarios de confianza repartían cargos como quien reparte empanadas en una fiesta política.
