Detrás de la aparente indignación ambiental que movilizó hoy a colectivos y grupos en contra de la Planta de Fertilizantes de PROMAR en Topolobampo, asoman intereses económicos de gran calado.
Todo apunta al Grupo Tepeyac, de la familia Robinson Bours, y al Grupo Ceres, encabezado por Guillermo Elizondo Collard, dos consorcios que hoy concentran el negocio de exportación, venta y distribución de fertilizantes en la región y que verían seriamente amenazado su monopolio si la planta entra en operación.
Lejos de actuar por convicción ecológica, ambas empresas habrían financiado las protestas, cooptado medios de comunicación y movilizado actores políticos para frenar un proyecto que, según organizaciones agrícolas y productores de Sinaloa, es estratégico para el desarrollo del campo mexicano.
El trasfondo del conflicto resulta aún más revelador cuando se contrasta con la postura del sector productivo. Representantes de organizaciones agropecuarias de Sinaloa han dejado en claro que México depende en exceso de la importación de amoniaco para atender cerca de 900 mil hectáreas cultivables, lo que encarece la producción y vulnera las cadenas de suministro nacionales.
Son precisamente Grupo Tepeyac y Grupo Ceres quienes lucran con esa dependencia y con los altos costos que padecen los agricultores. Que ahora financien marchas disfrazadas de ambientalismo para preservar ese negocio no es casualidad: es estrategia.
