El Sindicato Nacional Minero denunció la presunta intervención del crimen organizado en conflictos laborales del sector, con apoyo de empresas trasnacionales. Óscar Alzaga Sánchez, abogado del gremio encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, afirmó que esta práctica se ha convertido en un problema grave promovido por capitales extranjeros.
Durante un seminario realizado en la Universidad Autónoma de Zacatecas, el representante sindical señaló principalmente a empresas mineras canadienses y estadounidenses. Aseguró que algunas compañías recurren a mecanismos de presión para impedir la libertad sindical y favorecer a organizaciones consideradas “sindicatos blancos”.
Alzaga mencionó los conflictos en Camino Rojo, de la canadiense Orla Mining, y Peñasquito, propiedad de la estadounidense Newmont. En el primer caso, acusó que desde mayo de 2024 se han obstaculizado las actividades de dirigentes sindicales electos por los trabajadores y se ha buscado sustituir al Sindicato Minero.
El abogado también pidió al gobierno federal actuar contra daños ambientales y laborales atribuidos a grandes empresas del sector. Solicitó exigir a Germán Larrea la remediación de afectaciones en los ríos Sonora y Bacanuchi, así como castigo por la tragedia de Pasta de Conchos, donde murieron 67 mineros en 2006.
