El gobierno federal decidió no aplicar el impuesto a los videojuegos con contenido violento, al considerar que no existe un criterio claro y objetivo para determinar qué títulos promueven conductas violentas, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria explicó que, aunque la medida había quedado incluida en la Ley de Ingresos, se tomó la determinación de no cobrar dicho gravamen debido a la dificultad de establecer una línea precisa entre videojuegos violentos y no violentos, así como definir quién tendría la facultad de clasificar ese contenido.
En lugar del impuesto, el gobierno impulsará campañas de concientización dirigidas a niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de alertar sobre los riesgos asociados al uso excesivo de videojuegos, en particular aquellos que fomentan la violencia y generan dinámicas de adicción.
Sheinbaum señaló que muchos de estos juegos operan en línea, lo que no sólo propicia conductas adictivas, sino que también implica gastos económicos y la normalización de expresiones violentas entre los jóvenes.
De acuerdo con el Paquete Económico 2026, se había propuesto una tasa de 8% a la venta de videojuegos en formato físico y a los servicios digitales de descarga o acceso, incluidos los ofrecidos por empresas extranjeras sin presencia física en el país. La iniciativa fue planteada inicialmente como una medida preventiva para proteger a menores de edad.
La industria de los videojuegos en México representa un mercado relevante a nivel internacional, con ingresos superiores a los 2,300 millones de dólares y más de 76 millones de jugadores activos, lo que posiciona al país como el principal mercado de América Latina.
Datos recientes muestran que una parte significativa de los usuarios consume videojuegos de disparos y peleas, incluidos menores de edad, lo que motivó el debate sobre la regulación de contenidos clasificados para adultos. No obstante, el gobierno optó por una estrategia de prevención basada en la información y la orientación, en lugar de la vía fiscal.
