En enero de 2026, Ecuador impuso un arancel del 30% a productos colombianos bajo la “tasa de seguridad”, acusando a Bogotá de no controlar suficientemente el narcotráfico, cultivos de coca y minería ilegal en la frontera común.
Colombia respondió con aranceles idénticos del 30%, suspensión temporal de exportaciones de electricidad y una denuncia ante la Comunidad Andina por incumplimiento de normas comerciales regionales. El comercio bilateral, que supera los 2.700 millones de dólares anuales, se vio afectado desde febrero.
Una reunión de cancilleres en Quito el 6 de febrero no resolvió la disputa. Colombia ofreció erradicar plantíos ilícitos y mejorar el intercambio de inteligencia, pero Ecuador mantiene los aranceles hasta comprobar avances concretos.
Expertos advierten que el verdadero ganador es el crimen organizado: la tensión comercial reduce la cooperación binacional, debilita el flujo de información de inteligencia y facilita el paso de drogas, armas y minería ilegal, perjudicando la seguridad de ambos países.
