Un juez federal especializado en materia administrativa ha emitido una orden a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso para que, en un plazo de tres días, convoque a un periodo extraordinario de sesiones en el Senado con el fin de nombrar a uno de los tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La jueza Celina Quintero, titular del Decimoséptimo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, ha advertido que, en caso de no acatar esta resolución, impondrá una multa a los infractores que iniciaría con el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, incrementándose gradualmente hasta llegar a mil unidades de medida y actualización. Esto significa que cada diputado y senador que forma parte de la Primera Comisión de Trabajo podría verse obligado a pagar entre 5,187 y 103,740 pesos.
La orden establece: «Se requiere a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente (Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia), de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la ley correspondiente, para que, en un plazo de tres días a partir de la notificación legal de este acuerdo, demuestre de manera efectiva y sin evasivas el cumplimiento de los términos de la suspensión definitiva otorgada a favor de la parte quejosa, así como el acatamiento de la resolución interlocutoria emitida el 18 de mayo de 2023 en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la suspensión definitiva».
En otras palabras, se solicita que se envíe el informe correspondiente que permita convocar a un periodo de sesiones extraordinarias en el Senado, con el propósito de presentar a consideración la propuesta de la Junta de Coordinación Política de dicha cámara legislativa en relación a los candidatos para ocupar el cargo de Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.