El Congreso de la Unión concluyó una serie de discusiones legislativas que derivaron en importantes modificaciones al marco electoral y judicial del país. Entre los cambios aprobados destacan el aplazamiento de la segunda elección judicial hasta 2028, la creación de una comisión especializada para evaluar la integridad de candidaturas y la incorporación en la Constitución de la intervención extranjera como causal de nulidad electoral.
Sin embargo, la reglamentación secundaria necesaria para aplicar esta última disposición no logró consenso en la Cámara de Diputados y fue retirada de la discusión. Como consecuencia, aunque el principio quedó establecido a nivel constitucional, su aplicación práctica no podría concretarse para el proceso electoral de 2027 y tendría efectos hasta las elecciones presidenciales de 2030, una vez que exista la legislación correspondiente.
Las reformas también incluyen ajustes al funcionamiento del Poder Judicial. Entre ellos se encuentra la creación de nuevas secciones dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para agilizar la resolución de asuntos, así como modificaciones que permitirían a determinados magistrados electorales participar en futuros procesos de selección para continuar en sus cargos. Asimismo, se realizaron cambios a la integración de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, reduciendo el número de consejeros electorales que la conformarán.
Las sesiones estuvieron acompañadas por fuertes confrontaciones políticas entre oficialismo y oposición. Los debates abordaron temas relacionados con la reforma judicial, la seguridad, la soberanía nacional y diversos casos políticos de alto perfil. A pesar de los desacuerdos, las mayorías legislativas lograron sacar adelante las modificaciones impulsadas por el bloque gobernante, mientras que los partidos opositores mantuvieron críticas sobre el alcance y las consecuencias de los cambios aprobados.
