En un fallo reciente, el juez Sergio Santamaría Chamú ordenó a la Presidencia de la República y al Gobierno de Michoacán desplegar acciones inmediatas para localizar y destruir las «narcominas» que han sido instaladas por grupos criminales en diversas áreas del estado. La decisión surge tras denuncias de la omisión de las autoridades para tomar medidas efectivas que permitan identificar y erradicar estos artefactos, lo que está poniendo en grave riesgo el derecho a la vida y la seguridad de los habitantes, especialmente en la región de Tierra Caliente.
El juez solicitó específicamente a la titular del Ejecutivo federal que considere la posibilidad de pedir apoyo internacional, incluyendo asistencia de las Naciones Unidas y otros organismos competentes, para desarrollar un programa nacional de desminado, dada la magnitud del problema y la falta de acción coordinada.
Santamaría Chamú subrayó que, hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General del Estado y el gobierno de Michoacán no han demostrado que exista una coordinación eficaz entre estas instituciones para abordar el problema. No se han concretado acciones para localizar, desactivar ni destruir las minas en las comunidades afectadas. Además, la fiscalía local ha reportado pocas investigaciones al respecto, sin evidencia documental que respalde las afirmaciones realizadas sobre las acciones de las fuerzas militares en la zona.
El juez expresó que esta falta de acciones coordinadas compromete gravemente la integridad de las personas y vulnera sus derechos fundamentales a vivir y trabajar en condiciones de seguridad.
