La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahfl, propondrá un proyecto de sentencia que busca revocar una resolución del extinto INAI que ordenaba a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar información relacionada con la llamada “teoría del mosaico”.
El planteamiento retoma un criterio aprobado en 2022 por la Corte, que permitió a la FGR reservar datos aparentemente inofensivos, pero que podrían ser utilizados para fines de contrainteligencia y con ello vulnerar la seguridad nacional.
¿Qué es la teoría del mosaico?
Se trata de una metodología que consiste en recopilar piezas de información dispersa para integrarlas y construir un panorama completo. Según la FGR, si la delincuencia accede a documentos de este tipo, puede deducir vulnerabilidades, identificar agentes o planear acciones para obstaculizar investigaciones.
En 2022, bajo la presidencia de Arturo Zaldívar, 10 ministros respaldaron que la fiscalía no debía entregar información con este potencial riesgo. La Suprema Corte de Estados Unidos ha sostenido criterios similares en materia de inteligencia.
La controversia
El 2 de octubre de 2024, el INAI ordenó a la FGR entregar resoluciones y acuerdos en los que se hubiera aplicado la teoría del mosaico. La fiscalía interpuso una controversia constitucional, argumentando que esa instrucción ponía en riesgo sus facultades de investigación y persecución de delitos.
El proyecto de Ortiz plantea que la entrega de documentos como los solicitados podría exponer a funcionarios de la Unidad de Constitucionalidad de la fiscalía, revelando nombres de personal con acceso a datos sensibles y aumentando riesgos contra su vida e integridad.
Lo que propone la ministra
- Mantener como válido el criterio de 2022 para reservar información en casos de seguridad nacional.
- Declarar inválida la resolución del INAI en el recurso de revisión 10043/24.
- Reafirmar que la información solo puede reservarse de manera temporal y siempre que se pruebe que afecta el interés público, la seguridad nacional o el orden público, en línea con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El proyecto será discutido por el nuevo pleno de ministros electos por voto popular, lo que pondrá a prueba la postura de la renovada Corte en temas de transparencia frente a seguridad nacional.
