Un informe de la organización Causa en Común reveló una alarmante desproporción en la atención a la crisis de desapariciones en México: apenas existen 3,869 carpetas de investigación frente a más de 130,000 personas desaparecidas en el país.
El documento, titulado “Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre: un acercamiento al drama de las desapariciones en México”, advierte que las instituciones encargadas de la búsqueda, investigación e identificación se encuentran completamente rebasadas, en medio de una tragedia humanitaria que continúa agravándose.
Según el informe, pese a la existencia de un marco legal impulsado por la presión de colectivos de víctimas y organismos internacionales, no hay voluntad política suficiente para fortalecer las instituciones responsables.
“La legislación por sí sola no resuelve la crisis y mantiene intactos los vacíos institucionales que han impedido una respuesta eficaz”, señala el documento.
Entre las principales fallas se encuentran la inexistencia de un Sistema Nacional de Búsqueda funcional, las debilidades de las fiscalías y servicios forenses, así como el abandono de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y sus equivalentes locales.
El informe también acusa una falta de transparencia en el manejo de cifras oficiales. Aunque el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas supera los 130,000 casos, el gobierno federal ha fragmentado los datos sin metodología clara ni participación de las familias, lo que —según la organización— evidencia una intención de minimizar la magnitud del problema.
Además, se advierte que no existen registros confiables sobre fosas clandestinas, restos exhumados ni capacidad forense en el país, lo que agrava aún más la crisis.
Ante la inacción institucional, son los propios familiares quienes encabezan las labores de búsqueda, muchas veces poniendo en riesgo su vida. De acuerdo con el informe, al menos 35 personas buscadoras han sido asesinadas y ocho más permanecen desaparecidas.
Finalmente, el documento critica la postura del gobierno mexicano frente al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, señalando que sus descalificaciones reflejan una negativa a reconocer la gravedad del problema.
México encabeza las solicitudes de acción urgente ante este organismo internacional, con 819 casos, lo que evidencia que las familias han tenido que recurrir a instancias externas para obtener respuestas que el Estado no ha logrado garantizar.
